La inexistencia de información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla.

La decisión puede modificarse a través de un procedimiento contencioso administrativo o civil en que se revisen los fundamentos de los actos administrativos.

El informe técnico cuestionado fue elaborado por la Comisión Médica de la PDI (órgano compuesto por 5 especialistas) y se encuentra debidamente motivado.

El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.

El requirente alega que la aplicación del precepto en el caso concreto infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

De esta forma, el funcionario puede ejercer correctamente su derecho a defensa.

La iniciativa tiene por objeto agravar las penas de los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

En el procedimiento sumario se dispuso la medida para esclarecer los hechos.

En la resolución, el ministro Cancino Cancino sometió a proceso a Alfredo Ismael Guerrero Santana, Alejandro Jorge Cox Betancourt, Víctor del Valle Lizama y Francisco Javier Pizarro Mana, como autores; y a Miguel Ángel Muñoz Barra y Bartolomé Marcelo Sanhueza Mortara, en calidad de cómplices del delito cometido en cuartel de la policía civil de Valparaíso.

El máximo Tribunal dispuso dejar sin efecto la suspensión del funcionario debiendo asignársele funciones que no entorpezcan el desarrollo de la investigación que se lleva en su contra.