La Corte determinó la pertinencia de prolongar la prisión preventiva al considerar persistente el riesgo de fuga y al prever que el proceso judicial requerirá un tiempo considerable para su resolución en un plazo razonable. Por su parte, la defensa de Pedro Castillo expresó su disconformidad con la ampliación de la medida cautelar.
No tienen sustento los argumentos de la defensa toda vez que dadas las circunstancias como sucedieron los hechos; un inesperado mensaje a la Nación contraviniendo el principio de separación de poderes y una intervención en flagrancia delictiva con indicios de fuga, hicieron evidente la necesidad del pronunciamiento parlamentario.
El delito de rebelión es considerado en el Código Penal como un delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional; es el máximo atentado al sistema constitucional. Luego, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional desarrollado por la Constitución, cuya protección obviamente es imperiosa. Consiste en el alzamiento en armas con uno de los fines antes indicados.
