La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la decisión del presidente Biden de conmutar 37 penas federales de muerte, pero manifiesta su preocupación por las 25 ejecuciones realizadas en 2024 y reitera su llamado a abolir la pena capital.
En la solicitud de la medida cautelar, la representación alegó violaciones de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con los derechos a un juicio justo, igualdad, no discriminación y debido proceso legal.
El 22 de octubre de 2024, un juez de distrito estadounidense denegó la solicitud de Moore de una medida cautelar y una sentencia declarativa, y rechazó posponer su ejecución. La defensa de Moore ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que conceda un aplazamiento de la ejecución, como medida de urgencia. Otras manifestaciones de clemencia dependen del gobernador de Carolina del Sur.
Se propuso la modificación del Código Penal e incluir sanciones como la cadena perpetua y pena capital ante el incremento de la inseguridad y el temor de la ciudadana.
El Tribunal Constitucional reconoció que el Código Penal de Taiwán “no hace distinción en cuanto a la gravedad de las circunstancias del delito” (de homicidio), algo que no se ajusta al principio de culpabilidad y que, por lo tanto, resulta inconstitucional.
Fue sentenciado a la pena capital por el asesinato de un hombre en 1994. Los hechos ocurrieron cuando el condenado y un cómplice, asaltaron a la víctima y a su hermana mientras acampaban en un bosque nacional. Así, el estudiante universitario de 18 años, falleció a causa de graves heridas, incluyendo un corte en la garganta y fracturas en el cráneo.
Desde el restablecimiento de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, Carolina del Sur ejecutó a 43 reclusos. La mayoría optó por la inyección letal desde que estuvo disponible en 1995.
Un informe de la ONU documentó violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes durante este periodo de disturbios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y persecución basada en género.
Las nuevas normas imponen castigos severos a aquellos identificados como líderes o participantes importantes en actividades secesionistas. Las acciones que causen «daño significativo al Estado y su pueblo» se clasifican como delitos graves, susceptibles de resultar en la pena de muerte.
Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.
En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.
