Un informe de la ONU documentó violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades iraníes durante este periodo de disturbios, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y persecución basada en género.

Las nuevas normas imponen castigos severos a aquellos identificados como líderes o participantes importantes en actividades secesionistas. Las acciones que causen «daño significativo al Estado y su pueblo» se clasifican como delitos graves, susceptibles de resultar en la pena de muerte.

Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.

En cuanto a los Estados que mantienen la pena de muerte, existen una serie de restricciones y limitaciones establecidas en los instrumentos regionales de derechos humanos que los Estados están obligados a cumplir de conformidad con el derecho internacional. Dichas restricciones y limitaciones se basan en el reconocimiento del derecho a la vida como derecho supremo del ser humano, y condición sine qua non del disfrute de todos los demás derechos.

Llevó a cabo el ataque debido a un resentimiento contra el estudio, al que acusaba de haber robado sus ideas tras rechazar sus novelas en un concurso anual. Sin embargo, el tribunal no encontró evidencia de que el estudio hubiera plagiado su trabajo.

Corea del Sur mantiene la pena de muerte, aunque no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997. Este caso destaca la intersección entre la obsesión por el crimen mediático y la realidad, generando preocupaciones sobre la regulación y el impacto de contenidos violentos en la sociedad.

Vietnam tiene una de las leyes más duras contra el tráfico de drogas en el mundo y es habitual que los tribunales del país impongan la pena de muerte por delitos relacionados a los estupefacientes.

La normativa, que entró en vigor el 1 de octubre, permitirá a los tribunales estatales imponer la pena capital cuando un adulto sea declarado culpable de abusar sexualmente a un niño menor de 12 años. En caso contrario podrán ser condenados a cadena perpetua.

Fue incriminado por la mala relación personal que mantuvo con algunas de las víctimas, suscitada a raíz de una disputa por razones comerciales. Desde un comienzo sostuvo su inocencia, aduciendo que el día del crimen se encontraba en un viaje de negocios a 500 km de distancia.

Si bien la imposición de la pena de muerte no está prohibida per se en la Declaración Americana, la CIDH ha reconocido de forma sistemática que la posibilidad de una ejecución en tales circunstancias es lo suficientemente grave como para permitir el otorgamiento de medidas cautelares a los efectos de salvaguardar una decisión sobre el fondo de la petición presentada.