Se solicitó al Estado abstenerse de ejecutar la pena y que garantice condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales, con especial consideración a las discapacidades y condición médica del beneficiario.

El gobierno calificó los hechos como el atentado terrorista más grave y violento luego del atentado en contra de las Torres Gemelas.

Solicitó a EE. UU. abstenerse de ejecutar la pena de muerte hasta que la CIDH haya tenido la oportunidad de pronunciarse sobre su petición.

La decisión del Gobernador se produjo horas antes de la ejecución prevista de la pena de muerte del beneficiario, conmutando la pena de muerte de Julius Jones e indicando que el beneficiario «no podrá solicitar ni ser considerado para una conmutación, indulto o libertad condicional por el resto de su vida».

En numerosos casos, la pasividad de las autoridades a la hora de tomar medidas sobre denuncias y prácticas discriminatorias concretas ha dado lugar a una cultura de abusos que las mujeres condenadas a muerte han tenido que soportar previamente, con lo que, luego, sufren una segunda discriminación en el sistema de justicia penal.

El gobierno canadiense expresó su repudio a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla un castigo cruel e inhumano.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales. China utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19. El anterior gobierno estadounidense ejecutó a la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses en 2020. Por tercer año consecutivo, se registraron las cifras más bajas de ejecuciones en un decenio.

Con esta medida, Virginia se convierte en el primer estado del Sur de Estados Unidos en abolir la pena de muerte. Actualmente, suman 23 los estados que eliminaron la aplicación de este castigo en el país.

Cinco personas que cometieron delitos cuando eran menores de edad aún no han visto revocadas sus condenas de muerte, según grupos de derechos humanos, nueve meses después de que la Comisión de Derechos Humanos del reino anunciara el fin de la pena capital para los delitos juveniles.

La Comisión fue el primer organismo internacional de derechos humanos en analizar y evaluar las consecuencias de la aplicación obligatoria de este castigo en el goce de los derechos humanos.