El requisito para la libertad vigilada intensiva estatuido en el numeral 2 del inciso segundo del artículo 15 de la Ley Nº18.216, no implica que la magistratura esté obligada a decretar la pena sustitutiva al existir informes sociales favorables para el imputado, pues los jueces cuentan con un margen de interpretación legal propio de la función jurisdiccional, y las discrepancias del acusado con dicho criterio no es óbice para deducir el recurso de queja.

La sentencia de reemplazo sólo procede si la causal de nulidad no se refiriere a formalidades del juicio ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados. Únicamente cuando el fallo hubiere: a) calificado de delito un hecho que la ley no considerare tal, b) aplicado una pena cuando no procediere aplicar pena alguna, o c) impuesto una superior a la que legalmente correspondiere.

La revocación de la pena sustitutiva se produjo en el marco de la audiencia de control de detención, realizada con motivo de la comisión de un nuevo delito por parte del amparado, en la que, si bien éste contó con la asesoría del defensor de turno, no se citó a dicha audiencia al defensor penal público que el sentenciado registra en la causa en que se impuso la pena sustitutiva.

Un plazo de 60 días tan extenso para realizar el informe a las personas privadas de libertad implica la extensión del tiempo de espera para discutir el otorgamiento de la pena mixta y, eventualmente, el consecuente alargamiento de su reclusión, y resulta una demora innecesaria, puesto que, como es obvio, se cuenta con su presencia para la entrega de antecedentes y la realización de las entrevistas necesarias.

El legislador en el tratamiento penal de la agresión sexual, en particular, la dirigida en contra de niños y niñas busca resolver los conflictos surgidos en la sociedad y la forma como esta ha evolucionado, en aras del interés superior del niño, por ello ha dado una protección cada vez mayor a su indemnidad sexual a través de nuevos tipos penales o del perfeccionamiento de los ya existentes para depurar aquellas reglas cuya ineficacia debilitaba el bien jurídico que ellas deben proteger.

El artículo 159 del Código Procesal Penal señala que pueden anularse las actuaciones judiciales defectuosas que originen un perjuicio reparable únicamente con la declaración de nulidad, cuyo es el caso. Resolver si debe otorgarse a la acusada la libertad vigilada intensiva exige ponderar todos los antecedentes aportados al debate, y a esta Corte sólo le corresponde resolver al respecto como tribunal de segunda instancia, y no en única, como lo sería si fallara sobre el fondo de lo solicitado en el recurso de apelación.

La sustitución de la multa por la prestación de servicios en beneficios de la comunidad es inejecutable por su cuantía. La cantidad de horas que debía prestar (un poco más de 15 años) es superior a la pena corporal impuesta en la sentencia.

Llama la atención a la Corte que a la sentenciadora de base le bastase la mera afirmación de que el condenado fuera un hombre de familia y el sustento de su hogar, para otorgar, sin más, la pena sustitutiva solicitada por esa parte, sin ninguna otra información.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, desde que de manera arbitraria otorga una solución distinta a la prevista por el artículo 9 de la Ley 18.216, en cuanto esta última refiere que para los efectos de la conversión de la pena inicialmente impuesta, se computarán 8 horas continuas de privación de libertad y la norma cuestionada computa 12 horas

La sustitución de las penas privativas y restrictivas de libertad por alguna de aquellas a que se refiere la Ley 18.216, no hace desaparecer la primera, sino que tan solo reemplaza su forma de cumplimiento, mutando desde la privación o restricción de libertad hacia un cumplimiento en el medio libre.