No obstante, las leyes de presupuesto del año 2010 y 2024, si establecieron la posibilidad de traspasar a consanguíneos del titular, solo por una vez.
Pensión
Reliquidación de pensión de ex Carabinero que solicitaba asignaciones que no gozó durante su carrera funcionaria es improcedente.
Alientan a la creación de una plataforma social para pescadores artesanales.
Para acceder al aporte adicional en la pensión de invalidez el afiliado debe tener un mínimo de 6 cotizaciones previas.
Para recibir pensión de viudez con motivo del fallecimiento del cónyuge ocurrido en un accidente de trayecto sólo se exige ser cónyuge sobreviviente, dictamina la Superintendencia de Seguridad Social.
La ley eliminó la exigencia de tener que acreditar tener la condición de inválido y haber vivido a expensas de su cónyuge al momento de su fallecimiento.
Hombre autorizado para gestionar la cuenta bancaria de su tío de 102 años fue condenado a un año de prisión por extraerle dinero que utilizó para fines distintos a los encomendados.
Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que en el delito de apropiación indebida existen cronológicamente dos momentos distintos en el desarrollo del “iter criminis”, uno inicial, consistente en la recepción válida de ciertos bienes, y otro subsiguiente que estriba en la indebida apropiación de los mismos con perjuicio de otro
Pensión líquida de afiliados a Cajas de Compensación corresponde a la suma del valor líquido de sus pensiones, sean de naturaleza contributiva y/o asistencial.
Sobre tal valor se debe calcular el límite de descuento por cuotas de créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (CCAF).
Recurso de protección interpuesto en favor de particular a quien se le negó una pensión de invalidez, se rechaza.
La recurrente alegó que la decisión impugnada careció de fundamentación y no consideró los antecedentes clínicos del afiliado.
Tribunal de Argentina retira licencia de conducir y da de baja líneas telefónicas de un hombre que adeuda la pensión de alimentos.
El Estado está obligado a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescente con una tutela judicial efectiva en tiempo útil.