Al enviar cinco correos electrónicos acerca de la existencia de una causa de alimentos con prestaciones impagas, el abogado recurrido convirtió dichas comunicaciones en un verdadero reproche ético con amplia publicidad respecto del funcionario demandado.

Mientras no se haya tramitado una demanda de cese o rebaja de pensión alimenticia ante el Juzgado de Familia, que permita establecer debida y previamente la existencia de una repudiación de paternidad y ausencia de actual relación de familia, solo procede retener los fondos que se encontraban disponibles para el alimentario.

La resolución objeto de este recurso fue dictada por Juez competente, dentro de los casos previstos por la ley, cumpliendo con las formalidades legales establecidas para tales efectos.

No resulta necesario poner en cabeza de la accionante la realización de otros medios probatorios tendientes a arribar elementos a la causa que nunca serán los que la prueba impedida por el accionado habrán de aportar. En todo caso, la falta de presentación al proceso para desvirtuar y desconocer la paternidad que le es atribuida abona el indicio grave que recae sobre su conducta.

Si el hombre ha sido el sostén del hogar en el que la menor vive, y tras la ruptura deja automáticamente de cubrir los gastos cotidianos, tal cambio repentino puede ser perjudicial para ella, por lo cual, por aplicación del principio de solidaridad familiar, se fija una cuota alimentaria temporal de acuerdo con las pautas establecidas.

Desde la fecha de la resolución ha habido peticiones aún no resueltas por el Tribunal, de prescripción de las pensiones decretadas y de suspensión de las medidas de apremio.

La Ley N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en ningún caso contempla un orden de prelación de las medidas de apremio.

El fundamento que sostiene el recurso, en orden a que no quedó establecida la real carencia de recursos del progenitor, no es efectivo, no siendo requisito que se declare judicialmente la incapacidad económica del padre, pues, no está establecido en la ley y generaría una dilación en la satisfacción de las necesidades del niño.

Conforme lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, el Estado debe obligarse a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes con una tutela judicial efectiva en tiempo útil, más aun cuando la normativa vigente habilita al juez a imponer al alimentante incumplidor medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia dictada.

Las deudas que no se cumplen, pudiendo hacerlo, no hacen más que recargar la actividad de los tribunales (bastante recargada de por sí) y, entonces, si hacemos lo necesario para que las partes cumplan (y los asuntos concluyan) estamos actuando conforme el mandato de asegurar la eficacia de la justicia, por un lado y de hacerlo con la mayor economía procesal, lo que insistimos es un deber nuestro.