El proyecto finalizó su tramitación en el Congreso Nacional y el Ejecutivo anuncio que no usará la facultad de veto. El Tribunal Constitucional debe ejercer el control preventivo y obligatorio sobre las normas de rango orgánico constitucional antes de sea promulgado por el Presidente y publicado en el Diario Oficial.

Las soluciones individuales son insuficientes para un problema social como el de los cuidados de los niños, niñas y adolescentes.