La Corte estima que los argumentos esgrimidos por el actor en su libelo apuntan más a criticar el funcionamiento del sistema de pensiones chileno, que a analizar si existe una errada aplicación de la normativa en el caso concreto.
Se constató que la tramitación descuidada del abogado solicitante y las omisiones procedimentales de la entidad recurrida vulneraron sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.
La pensión de vejez no le permite a la actora poner fin a la situación de dependencia económica que ostentaba al ser incorporada por su cónyuge como carga legal.
El Sistema General de Pensiones está previsto para amparar las contingencias de invalidez, vejez y muerte, y no de pobreza económica.
