El acoso judicial inhibe la crítica, desalienta investigaciones periodísticas y genera una cultura de autocensura que afecta la labor periodística y el derecho del público a la información. Los procesos judiciales, en muchos casos son largos, costosos y buscan desgastar psicológicamente a los demandados.

La información relacionada con los ingresos y gastos de campañas políticas involucra directamente el interés público, por su importancia para la efectividad de los principios democráticos como el pluralismo, la participación y la protección del patrimonio público. Por lo anterior, el gerente de campaña tiene deberes y responsabilidades derivados de la rendición pública de cuentas sobre tales actividades.

En primer lugar, el informe destaca la ausencia de una base jurídica que justifique la privación de la libertad de Gershkovich a través de su arresto y detención prolongada. Según el grupo, esta falta de fundamento legal constituye una violación de sus derechos fundamentales.

Assange, quien fundó WikiLeaks en 2006, una plataforma dedicada a la publicación de documentos clasificados filtrados, incluyendo cables diplomáticos y material confidencial de defensa, enfrentaba originalmente 18 cargos en Estados Unidos relacionados con la obtención y difusión de filtraciones de información militar y de inteligencia.

Entre otras cosas, prohíbe expresamente cualquier forma de intervención en las decisiones editoriales de los medios de comunicación. Los Estados miembros están obligados a proteger la independencia de los medios y garantizar que no haya presiones sobre periodistas y editores para que revelen sus fuentes.

La persona que se oponga a la divulgación de información o de un documento que identifique o pueda identificar a una fuente periodística, debe demostrar que es un “periodista” y que su fuente es periodística. A continuación, si la persona lo consigue, es la parte que pretende conocer la identidad de la fuente quien debe demostrar que se cumplen las condiciones para la autorización judicial de la divulgación, siempre que exista un interés público.

Lo planteado en el recurso no dice relación con la inexactitud o falsedad de la noticia. Lo que se pretende es que se reconozca el denominado “derecho al olvido”, que no está reconocido explícitamente en nuestro orden constitucional.

La violencia contra la mujer es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura. Es obligación del Estado hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia y de implementar medidas para prevenirla, investigarla, sancionarla y repararla.

El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.

Existen tres aspectos relevantes que deben evaluarse cuando se pretenda analizar el nivel de riesgo de un periodista que se dedica a la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos, sociales o a la denuncia de situaciones ilegales: el perfil del comunicador, contenido de la información u opinión que difunde y el contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista.