Lo planteado en el recurso no dice relación con la inexactitud o falsedad de la noticia. Lo que se pretende es que se reconozca el denominado “derecho al olvido”, que no está reconocido explícitamente en nuestro orden constitucional.

La violencia contra la mujer es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura. Es obligación del Estado hacer pedagogía sobre la gravedad de esta forma de violencia y de implementar medidas para prevenirla, investigarla, sancionarla y repararla.

El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.

Existen tres aspectos relevantes que deben evaluarse cuando se pretenda analizar el nivel de riesgo de un periodista que se dedica a la difusión de información, expresión u opinión en asuntos políticos, sociales o a la denuncia de situaciones ilegales: el perfil del comunicador, contenido de la información u opinión que difunde y el contexto del lugar en el cual se desempeña el periodista.

Las imputaciones de amenazas deben ser resueltas imparcialmente por los tribunales ordinarios, a través de las acciones correspondientes, con pleno respeto y garantía de los derechos de las partes.

Los medios de prensa están obligados a informar de buena fe para brindar información fidedigna y precisa de conformidad con la ética del periodismo. Ello implica que deben dar al interesado la oportunidad de defenderse mediante su derecho a réplica.

Recurrente alegó que se vulnera el derecho del periodista y el suyo propio a informar y ser informado de hechos de relevancia nacional, dado que la exclusión se debió a razones políticas.

La iniciativa busca otorgar una mayor protección a dichas personas cuando, en ejercicio de sus funciones, sufran amenazas, lesiones de todo tipo y homicidio.

El Estado debe abstenerse de negar el acceso a la información pública a quienes, en ejercicio del derecho fundamental de petición, la solicitan.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ofrece recomendaciones de seguridad para los periodistas que cubren elecciones y desórdenes civiles.