El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a Hungría a indemnizar económicamente a una periodista húngara años después de que ésta denunciase la intervención ilegal de su teléfono mientras investigaba sobre el abuso de poder.
Según la solicitud, el beneficiario es periodista, líder comunal y social en Colombia. Debido a sus labores, ha venido recibiendo amenazas de muerte a través de mensajes de texto y en redes sociales, además de seguimientos por personas desconocidas en motocicletas y por un vehículo no identificado.
A la fecha, se desconoce su paradero por lo que se estima que se ha configurado su desaparición forzada. Tanto la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) han negado tenerlo bajo su custodia.
En fallo unánime, la Corte de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad deducido por un periodista y le ordenó a la Municipalidad de Lo Barnechea entregar la nómina de trabajadores y/o prestadores que se desempeñan en la organización comunitaria Lo Barnechea Servicios, solicitada por ley de transparencia.
El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.
La Corte recordó que, al momento de verificar las condiciones de seguridad de un periodista, las autoridades encargadas se encuentran en el deber de evaluar de manera diligente el riesgo en cada caso teniendo en cuenta las circunstancias que implican ejercer su labor.
En su Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida de Julio García Romero; en particular constató que el uso de gases lacrimógenos no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la operación no fue regulada, organizada, ni controlada con el objeto de proteger a las personas manifestantes.
El General Chavan está en conocimiento de que es ilegal censurar a los periodistas, en cuanto durante el año 2017 la Corte Suprema acogió un recurso de protección en su contra por haber expulsado a otro periodista de una conferencia de prensa, se afirma en el libelo.
El Tribunal de alzada desestimó la acción cautelar, tras establecer que los recurridos no han incurrido en actos ilegales o arbitrarios, limitándose a ejercer el derecho a informar sobre hechos de interés público.
Ali Bulaç es el decimonoveno periodista al que Turquía deberá indemnizar. En su caso, con 12.240 euros por daños morales, por vulnerar sus derecho a la libertad, la seguridad y a la libertad de expresión.
La Comisión identificó que la situación concreta de Javier Iván Olivares, en tanto integrante del medio «Confidencial» o periodista independiente en Nicaragua, se inserta en el contexto general represivo de la libertad de expresión en el país que ha sido identificado por la CIDH.
