El requirente alegó que el precepto impugnado no contiene parámetros objetivos que impidan la arbitrariedad del juzgador, contraviniendo abiertamente el texto constitucional.

Sólo el permiso y las obras edificadas ya recepcionadas son las que están exentas de la afectación, no así aquellas porciones del predio cuya utilidad pública se restableció mediante la Ley 20.791, resolvió el máximo Tribunal.

El requirente alega que la aplicación del precepto impugnado vulnera sus garantías de igualdad en la repartición de las cargas públicas, libertad económica y propiedad.

La normativa exime de tal permiso a las edificaciones que se encuentran destinadas a la prestación de servicios sanitarios y son ejecutadas por el Estado.

El requirente estima que el precepto impugnado permite aplicar sanciones desproporcionadas, desiguales y arbitrarias.

La resolución emitida por la Dirección de Obras Municipales se encuentra debidamente motivada, pues invoca la norma pertinente y señala expresamente que no se acreditó la vigencia del permiso conforme lo establece la Ordenanza de Urbanismo y Construcciones.

Estas autorizaciones permiten la ejecución de obras en una zona del Plan Regulador que no contiene una norma de altura máxima de edificación, cuya estipulación es requerida para acceder a la petición del actor.

Las obras están exentas de estas obligaciones mientras correspondan a instalaciones de recintos aeroportuarios, siendo aplicable también a sus edificios accesorios.

No concurren los supuestos previstos en el artículo 146 del Reglamento para que proceda la indemnización reclamada, toda vez que la prórroga de las obras obedeció a una causa prevista en el cuerpo normativo.

El máximo Tribunal reafirma que se trata de construcciones que no podrán regularizarse y que deben necesariamente ser demolidas o desarmadas.