La obligación de las empresas prestadoras de servicios establecidas en otro Estado miembro de solicitar un permiso de residencia para cada trabajador desplazado, con el fin de que disponga de un documento seguro, que acredite la legalidad de su desplazamiento, constituye una medida apta para alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de esos trabajadores.

Es justo que se haya impuesto a los extranjeros, que no se encuentran en la misma situación que los nacionales, la suscripción de un contrato que prevea el compromiso de respetar la libertad personal, la libertad de expresión y de conciencia, la igualdad entre mujeres y hombres, la dignidad de la persona humana, el lema y los símbolos de la República en el sentido del artículo 2 de la Constitución, la integridad territorial, definida por las fronteras nacionales, y no confiar en las propias creencias o convicciones para liberarse de las normas comunes que rigen las relaciones entre los servicios públicos y los particulares, señala el fallo.

La legislación establece una distinción entre los extranjeros que se encuentran «en situación de empleo» y aquellos que no, con consecuencias directas sobre las prestaciones sociales que pueden recibir y el tiempo de espera para acceder a ellas.

El máximo Tribunal confirmó el fallo de la Corte de Chillán, que consideró vulnerada la igualdad ante la ley por la negativa del Servicio Nacional de Migraciones a tramitar la carta de nacionalización, a partir de un errado informe de egresos del país, ya que el actor nunca perdió su calidad de residente definitivo.

Dictaminó que la normativa vulnera el acuerdo de salida del Brexit, pues impone a los ciudadanos de la UE, que residen en el país, la obligación de realizar dos solicitudes para adquirir su permanencia, a pesar de que una sería suficiente.