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Estas audiencias abordarán temas relacionados con situaciones de derechos humanos en países miembros de la OEA y a nivel regional.
Estas audiencias abordarán temas relacionados con situaciones de derechos humanos en países miembros de la OEA y a nivel regional.
Tres de ellas fueron convocadas de oficio por la CIDH para abordar la situación de los derechos humanos de personas defensoras y personas mayores, así como la situación de la independencia judicial en la región.
Establece además que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
Se modifica el artículo 49 con el objeto de actualizar el lenguaje y contenido.
La Sala del Senado aprobó el texto en tercer trámite, acogiendo la recomendación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en orden a perfeccionar algunas disposiciones.
No sólo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a instancia de su Relatoría ha recordado que los Estados miembros de la OEA se han comprometido a respetar y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad sometidas a su jurisdicción, sino que además dicho mandato se puede encontrar en diferentes tratados internacionales.
Al garantizar la participación de las personas con discapacidad en lo individual o colectivo –a través de organizaciones de personas con discapacidad–, este grupo puede determinar y señalar de mejor manera las medidas susceptibles de promover u obstaculizar sus derechos, lo que redunda en mejores resultados para esos procesos decisorios.
Durante la discusión, los legisladores argumentaron la pertinencia no solo de incrementar el número de trabajadores con condiciones especiales, sino también, garantizarles derechos terminando con cualquier discriminación.
La iniciativa propone aumentar del actual 1% a un 4%, en relación al total de sus trabajadores.
El lenguaje y los términos que son empleados en el quehacer jurídico pueden contribuir a la perpetuación de prejuicios o estigmas en contra de las personas con discapacidad.