La Comisión del Adulto Mayor y Discapacidad del Senado analiza un proyecto de ley que otorgaría prioridad en la atención a personas con discapacidad en servicios públicos y privados. La iniciativa, en segundo trámite constitucional, busca garantizar derechos fundamentales y plantea medidas concretas como la adaptación de espacios inclusivos y la definición de estándares claros de atención.
La OIT propone una serie de recomendaciones con el fin de reducir estas disparidades. Entre las medidas sugeridas se encuentran la mejora en la accesibilidad de los procesos de contratación en línea, el apoyo adicional a los empleadores para facilitar la contratación de personas con discapacidad y la implementación de adaptaciones en los lugares de trabajo que permitan cubrir sus necesidades.
La iniciativa, originada en moción, busca propiciar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad para asistir, participar o competir en actividades físicas o deportivas.
La comisión de Adulto Mayor y Discapacidad aprobó legislar sobre la iniciativa y acordó realizar una serie de perfeccionamientos durante su debate en particular.
El residente perdió el control de su silla de rueda y se estrelló contra un muro.
Estas audiencias abordarán temas relacionados con situaciones de derechos humanos en países miembros de la OEA y a nivel regional.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación Interacciones Cuidadosas en Justicia, que tiene por objetivo principal comprender la percepción de jueces, notarios, abogados en ejercicio y estudiantes de Derecho hacia personas con discapacidad en Chile, con el fin de diseñar y validar un modelo de trabajo que incluya un conjunto de ejercicios adaptados que facilite el acceso a la justicia del colectivo de interés.
La demanda busca remediar estas presuntas violaciones para garantizar que los derechos conferidos por HALT sean respetados plenamente por las autoridades penitenciarias de Nueva York. Plantean cuestiones de interés relativas a la implementación y el cumplimiento de la legislación penitenciaria en el Estado, así como sobre los derechos de las personas con discapacidades dentro del sistema correccional.
La resolución pide capacitar e informar respecto del uso, procedencia y exigibilidad de los beneficios de la credencial de cuidador o cuidadora.
Tres de ellas fueron convocadas de oficio por la CIDH para abordar la situación de los derechos humanos de personas defensoras y personas mayores, así como la situación de la independencia judicial en la región.
Establece además que los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
