El tribunal ordenó medidas alternativas, incluyendo arresto domiciliario total, arraigo nacional y supervisión por el Servicio de Reinserción Social Juvenil, considerando la vulneración de derechos de la imputada y su hijo bajo las normas internacionales de derechos humanos.
Tres de ellas fueron convocadas de oficio por la CIDH para abordar la situación de los derechos humanos de personas defensoras y personas mayores, así como la situación de la independencia judicial en la región.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, explicó los alcances de la iniciativa que establece reglas especiales para la ampliación, reparación o construcción de estos recintos.
Los Estados deben aplicar un enfoque diferenciado en la atención de las necesidades especiales de los distintos grupos poblacionales privados de libertad para asegurar una ejecución de la pena respetuosa de su dignidad humana.
Las personas privadas de la libertad son sujetos de especial protección constitucional dada su condición de sujeción e indefensión frente al Estado.
La dispersión de normas, la atención a grupos vulnerables y las condiciones intramuros son algunos de los retos pendientes en los sistemas penitenciarios de la región.
Las deficiencias del sistema penitenciario aumentan las probabilidades de suicidio, no obstante, el Centro Penitenciario contaba con programas específicos para evitarlo.
Trecientas dieciséis personas privadas de libertad perdieron la vida bajo la custodia del Estado durante 2021.
