Sanciones impuestas por la ciudad no alcanzaban el umbral de castigo «cruel e inusual» bajo los estándares constitucionales. Por una mayoría de 6 a 3, sostuvo que las penas por violar las ordenanzas municipales eran principalmente multas leves y, en casos de reincidencia, penas de cárcel breves, las cuales no eran desproporcionadas ni inconstitucionales dada la naturaleza de las infracciones en cuestión.