Se debe analizar con especial cuidado las situaciones en que, bajo una aparente normatividad neutral, se esconden estereotipos de género que perjudican el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Se impone la necesidad de ponderar de oficio el tratamiento de la cuestión traída a juzgamiento desde la perspectiva de género. En efecto, el juez no cuenta sólo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable.

Prohíbe prácticas consideradas discriminatorias, como la realización de exámenes sin el consentimiento del paciente, y permite a los afectados jubilarse anticipadamente. Además, la ley aborda estas enfermedades como un asunto de interés público, lo que permitirá destinar mayores recursos para su investigación y tratamiento.

El conflicto a resolver debe ser analizado con perspectiva de género y los agravios deben tener favorable acogida, pues se verifican los presupuestos exigidos por la ley aplicable, en tanto la reclamante, durante la vida conyugal, se dedicó a atender el hogar y cuidar de sus hijos, y no pudo desarrollar una actividad laboral que le generara una renta suficiente como para auto sustentarse después de roto el vínculo matrimonial.

Para que pueda ser utilizada por las autoridades investigadoras y judiciales que conozcan de casos de muertes violentas de mujeres, así como por aquellas personas y organizaciones de la sociedad civil que se enfrenten o acompañen este tipo de casos.

Lo que ocurre es que el amparado discrepa respecto de una resolución judicial debidamente motivada lo que debe discutirse en sede de otras herramientas procesales diversas a la de la presente acción cautelar.

El artículo 68 del Código Penal faculta al tribunal a rebajar la pena si estima que concurren las circunstancias atenuantes para ello, pero no lo obliga a aceptar cada minorante que invoque la defensa.

Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución de la pena de presidio por la de reclusión domiciliaria por razones como las que motivan la solicitud presentada, debe recordarse las convenciones internacionales a las que el Estado adscribió.

Es necesario aspirar a una justicia respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, que tenga una mirada de los casos en los que deba intervenir, con esa perspectiva de género necesaria para no perpetuar las injusticias en las que los poderes del Estado y el Poder Judicial, particularmente, ha incurrido en el pasado.

El ordenamiento jurídico reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, de modo tal que es un deber jurídico de los sentenciadores considerar las especiales situaciones en que viven muchas mujeres incluso al computar los plazos legales.