El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a la violencia, la amenaza, la privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio.

Se cumple, pues, el bicentenario de una efeméride digna de la mayor celebración, no sólo para los ciudadanos peruanos sino también para otros ciudadanos iberoamericanos, como argentinos y chilenos, pues el general San Martín fue también uno de los libertadores de Argentina y Chile, países en los que también hace unos años se conmemoró su independencia, en Argentina en 2016, y en Chile en 2010.

El Perú, a lo largo de su historia republicana, ha tenido 12 Constituciones. Desde la Constitución de 1823 hasta la actual constitución de 1993. La historia del constitucionalismo peruano se inició con la Constitución de Cádiz.

Estado peruano no fue responsable de la violación a las garantías judiciales, al principio de legalidad, a los derechos políticos, y a la protección judicial del juez destituido en un proceso disciplinario.

El autor sostiene que “la ONPE, a través de este Protocolo, optimiza la garantía del derecho al voto de las personas trans, algo que merece nuestro reconocimiento y felicitación, pues su contenido guarda estricta relación con las obligaciones convencionales y constitucionales que el Estado peruano debe cumplir para proteger el derecho a la identidad de género”.

La Fiscalía peruana les imputa el delito de lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

El Juzgado Constitucional declaró fundada en parte la demanda de amparo, al considerarse afectados los derechos a la dignidad, autonomía, libre desarrollo de su personalidad y la amenaza de no sufrir tratos crueles e inhumanos.

El autor afirma que la autoridad sanitaria peruana (MINSA) ha cumplido con publicar oportunamente el Protocolo Sanitario que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID 19 para las actividades de la campaña electoral en las Elecciones Generales 2021.

El autor dice que la autoridad electoral peruana (ONPE), encargada de organizar los procesos electorales, ha cumplido con publicar oportunamente los Protocolos Sanitarios, por tanto, los electores son los que tienen la obligación de cumplirlos para garantizar la participación y seguridad sanitaria de todos los peruanos y peruanas que vayan a las urnas a ejercer democráticamente, y en la fecha legalmente establecida, el derecho de sufragio.

El autor afirma que el próximo 11 de abril los peruanos deberán enfrentar quizá el proceso electoral más complejo de las últimas cuatro décadas. El próximo presidente de la República afrontará una doble crisis -sanitaria y económica-, generada por la pandemia del coronavirus, y otra de carácter político, producida al interior de sus propias instituciones constitucionales.