Luego de cometer el crimen, el requerido huyó a Chile para evadir a las autoridades peruanas, y actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación en un delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, motivo por el cual, la entrega queda diferida al término del proceso penal en Chile.

Se propuso la modificación del Código Penal e incluir sanciones como la cadena perpetua y pena capital ante el incremento de la inseguridad y el temor de la ciudadana.

El consumidor no está obligado a percatarse de defectos de los productos que adquiere cuando estos no son apreciables a simple vista, como en el presente caso, que no se ha probado que el defecto en el pedal hubiera sido apreciable al momento de la compra y del retiro del consumidor de la tienda.

El requerido es un conocido sicario de la ciudad de Trujillo, Perú, y en 2016 sembró el terror en aquel lugar junto a otros miembros de su banda criminal, para luego escapar a Chile. Actualmente se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en delitos similares cometidos en nuestro país, por lo que la entrega quedará diferida al concluir dicho proceso.

Los hechos ocurrieron en el año 2011, y la solicitud de extradición fue deducida recién en 2023, cumpliéndose el plazo de prescripción de la acción penal establecido en los artículos 94 y 95 del Código Penal.

En 2018, el requerido disparó contra un menor de edad causándole la muerte, para luego huir a Chile en un intento por eludir la justicia peruana. La entrega del imputado quedará diferida al término del proceso penal por microtráfico seguido en su contra en nuestro país, y que lo mantiene actualmente en prisión preventiva.

el TC también subraya que entender a la lucha contra la corrupción como un principio del Estado Constitucional no solo es acorde con los mandatos contenidos en la Constitución, sino que también se inspira en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano,

La aparición de nuevas tecnologías ha demostrado que los empleadores hacen uso de nuevos sistemas de control de la actividad laboral de los trabajadores. Sin embargo, está facultad de control reconocida tanto a nivel doctrinario como en la legislación interna, como lógica consecuencia del poder de dirección, no es ilimitada, pues debe hacer observancia de la inviolabilidad de los derechos fundamentales.

Para que los allanamientos a lugares de trabajo de estos profesionales no vulneren el derecho-deber o garantía-derecho del secreto profesional, deben haber sido previamente autorizados por el juez, cuya decisión deberá tener una fundamentación cualificada, que justifique la acción y detalle el ámbito de acción de los fiscales, a fin que el profesional pueda preservar, en todo momento, aquella información relacionada con el secreto profesional que está obligado a proteger.

Entre los procesos judiciales potencialmente afectados se encuentra el caso del expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, que enfrenta cargos adicionales relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta en 1992. La defensa de Fujimori podría alegar la prescripción de estos crímenes conforme a la nueva normativa.