El Caso Barrios Altos es uno de los casos más emblemáticos en la jurisprudencia de la Corte IDH ya que, por primera vez, el Tribunal dispuso que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves  violaciones a derechos humanos.

La pretensión de la parte demandante en cuanto a la exigencia de los lineamientos para la promoción de educación vial y el uso de bicicleta en las instituciones, no solo se relaciona con el control de la inacción administrativa, sino, además con el derecho a gozar de un medio ambiente saludable y sostenible, fomentando el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible; de ahí que lo analizado en el caso de autos cobre mayor relevancia.

Una nueva legislación prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2022. El máximo responsable de velar por los derechos humanos advierte que contraviene las obligaciones de Perú en virtud de las leyes internacionales y alerta de un contexto de retrocesos en la esfera de las garantías fundamentales en ese país.

Estimó que los antecedentes acompañados por el Ministerio Público en nombre del Estado requirente, eran insuficientes para determinar la identidad del acusado como presunto autor, su presunta participación en el crimen, y no poseen la entidad para fundar una acusación fiscal si el mismo hecho hubiera ocurrido en Chile.

El requerido formó parte en 2016 de una agrupación dedicada al tráfico de estupefacientes, enviando droga desde Perú hacia Europa mediante servicios de encomienda con el fin de eludir los controles policiales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió al Estado peruano suspender el proceso legislativo, aduciendo que las exenciones propuestas son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en casos de violaciones graves a los derechos humanos. El presidente del Consejo de Ministros de Perú calificó esta orden como una “intromisión inusual”.

El 1 de julio, la Corte IDH ordenó a Perú en una resolución que a través de sus tres poderes —ejecutivo, legislativo y judicial— “tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia” a un proyecto aprobado el jueves 4 de julio en el Congreso “que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú” desde antes de 2002.

El hecho de que un tercero suscriba un contrato de Cesión de Derechos de Sepultura y/o Prestación de Servicios Funerarios con la demandante, no implica –per se– que dicha persona se encontrará facultada para disponer de los restos de la persona fallecida, en tanto que deberá contar previamente con la autorización de un familiar cercano, debiendo este suscribir una Declaración Jurada, la cual a su vez deberá ser presentada ante la empresa demandante.

El Congreso de Perú discute la eliminación de la JNJ ¿Cuáles son los antecedentes de esta iniciativa y los posibles riesgos que surgen?

Este 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en su cuenta de X estar preocupada por un proyecto de ley que fue aprobado en primera votación en el Congreso peruano y que prescribiría delitos como tortura, homicidio y desaparición forzada ocurridos antes del 1 de julio de 2002. De aprobarse, la medida favorecería a miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el periodo de violencia interna que padeció el país de 1980 al 2000.