El diseño de la aplicación podía inducir a los consumidores a creer que el monto predeterminado de la propina debía ser pagado obligatoriamente, lo cual contradice el carácter voluntario de dicho concepto.

El periodista Gustavo Gorriti es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión debido a las amenazas recibidas, presuntamente relacionadas con su labor periodística y el ejercicio de su libertad de expresión en el país.

Avanza en Perú reforma a ley que regula la objeción de conciencia ¿Qué oportunidades y alertas surgen de esta iniciativa?

En septiembre de 2018, el acusado -presuntamente- dio muerte a un joven luego de una riña en una fiesta celebrada en la ciudad de Trujillo. El ministro instructor dispuso la entrega diferida a las autoridades peruanas, debido a que el requerido se encuentra actualmente en prisión preventiva por su participación en un delito de tráfico de drogas, a la espera de juicio oral y una probable condena.

Pero hay una razón jurídica de fondo que debió transmitirse enfáticamente: el indulto que fue concedido a Fujimori NO es un caso de la Corte IDH. No siéndolo, jamás la Corte podría pronunciarse por un caso que no corresponde a su jurisdicción. La razón que lo sustenta es que el indulto es una institución del derecho interno del Estado y no del derecho internacional. El caso de Barrios Altos y La Cantuta es distinto del indulto.

Tomando en cuenta los antecedentes alegados y el contexto señalado, valorados en su conjunto, la Comisión estima que el requisito de gravedad se halla cumplido y que prima facie los derechos a la vida e integridad personal de las personas de la comunidad nativa kichwa Santa Rosillo de Yanayacu se encuentran en grave riesgo.

La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.

Tiene derecho a fluir, para garantizar un ecosistema saludable, a brindar un ecosistema sano, a fluir libremente de toda contaminación; a alimentar y ser alimentado por sus afluentes; a la biodiversidad; a que se la restaure; y a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros.

Pero más allá de la reflexión constitucional, la misma que a todas luces nos indica que la sanción impuesta por el Congreso carece de sustento jurídico y viola los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no podemos desconocer que de un tiempo a esta parte el Congreso venía buscando -por todos los medios- remover a los integrantes de La Junta Nacional de Justicia” (JNJ).

No se aprecia que la disposición contenida en los comunicados que informaron sobre las opciones de devolución del monto de las entradas, por la cancelación del concierto del grupo Guns N’ Roses, constituya un contrato de consumo por adhesión o cláusulas generales de contratación toda vez que no reúne las características para tales efectos.