Considera como una agravante el uso de explosivos y vehículos motorizados para cometer este tipo de delitos e incluye la figura penal de robo de equipos móviles, informáticos u otros similares. De igual manera, sanciona la receptación y el encubrimiento de los aparatos robados.

Aunque con un ánimo educativo el banco invite a sus clientes a usar los canales digitales para que realicen operaciones bancarias, de forma rápida y sencilla, ello no puede implicar una restricción en el servicio a los clientes.

Si bien la crianza de animales y la plantación de alimentos son indicadores de que en el lugar habitan personas y que éstos vienen posesionando dichas áreas, lo verificado mediante la inspección judicial no permite colegir que las áreas descritas se encuentren en total posesión de la asociación demandante, ello teniendo en cuenta que gran parte del área está constituida por cerros, y que las cabañas no acreditan la posesión de más de diez años al tener características provisionales.

La denunciante no ha demostrado ser titular de derechos de autor sobre los materiales objeto de denuncia. Los elementos adicionales que aparecen sobre las imágenes (rectángulos que contienen frases o expresiones) tampoco presentan rasgos particulares que denoten un mínimo de originalidad, por lo que no pueden ser protegidos por el derecho de Autor.

Prescriben la expulsión de los ciudadanos extranjeros que hayan purgado una pena por los delitos de homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro y trata de personas, entre otros, estableciendo para ello modificaciones al Código Penal. También amplía el control de identidad de los detenidos de 4 a 12 horas.

El daño producido al actor es consecuencia de no habérsele brindado la información precisa sobre la carrera a la que postuló, cursó y egresó, pues de haber mediado una información adecuada y precisa, el demandante no hubiera visto frustrado su proyecto profesional de desempeñarse como Tecnólogo Médico en áreas de la salud.

Los servicios complementarios de seguridad brindados por un establecimiento comercial constituyen mecanismos empleados por los proveedores con el objeto de reducir el riesgo de que las pertenencias de los consumidores sean sustraídas o de cautelar la vigilancia de sus propios bienes; no obstante, el empleo de dicho mecanismo no obliga a los proveedores a responder por cualquier hecho que acontezca dentro de su establecimiento.

Mostró gran preocupación por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. El texto refiere que el gran número de muertos y heridos confirmados podría dar cuenta de una masacre. Finaliza con una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades peruanas.

El requerido fue solicitado por la república de Perú, para ser investigado por un robo agravado cometido en Lima en el año 2007. La ministra instructora del máximo Tribunal estimó que la acción penal se encontraba prescrita, pues transcurrieron más de 10 años desde la comisión del delito y la fecha de la audiencia de extradición en 2023.

El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial al no existir la vulneración a la garantía numeral séptimo del artículo 19 de la Constitución.