Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.

Una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de una empresa, la carga de la prueba pasa al autor -en este caso, la empresa-, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que, en su caso, existió una justificación objetiva y razonable que amparara esta diferencia de trato.

El requerido fue condenado en 2004 por robo agravado en Perú, y fue beneficiado en 2006 con la libertad condicional, pena que fue quebrantada en 2007 al no presentarse para control de la autoridad. La ministra estimó prescrita la pena, al transcurrir más de 10 años entre el quebrantamiento de aquella y la presentación de la solicitud de extradición.

La naturaleza conjunta de la obligación alimentaria de los padres no significa que ambos deban responder en igual porcentaje para la cobertura del gasto total de manutención. En esa medida, el aporte que corresponde cubrir a cada padre debe fijarse en proporción a sus propias posibilidades económicas y condiciones personales.

La tutela de derechos no es una institución que pueda ser invocada única y exclusivamente por los imputados, también lo puede hacer la parte agraviada, sea en la etapa de investigación preliminar como en la preparatoria del proceso penal, otorgando al Juez de Investigación Preparatoria, como juez de garantías, las prerrogativas reparadoras de aquellas trasgresiones que pudiera advertirse en una investigación.

Fue imputado por una serie de delitos de corrupción, que habría cometido junto a funcionarios de gobierno y familiares cercanos a través de contratos de obra pública. El tribunal estimó la pertinencia de la medida debido a que “el caso reviste un alto nivel de complejidad”.

El ex mandatario es objeto de una nueva investigación penal por su presunta participación en hechos de corrupción, relacionados con contratos de obra pública. En la actualidad ya se encuentra en prisión preventiva por su fracasado intento de Golpe de Estado llevado a cabo en diciembre pasado, que le valió ser destituido por el Congreso Nacional.

El ex mandatario ya había sido detenido en 2019 por las autoridades norteamericanas, y desde entonces se encuentra en arresto domiciliario. Ahora deberá enfrentar a la justicia peruana por delitos de colusión y lavado de activos. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.

Solicitan la destitución de la mandataria por manifiesta “incapacidad moral”, a raíz de la muerte de decenas de manifestantes tras los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad.

En abril de 1992, el entonces Presidente de Perú disolvió temporalmente el Congreso de la República, luego de lo cual se dictaron acciones de personal orientadas a evaluar a los trabajadores y a seleccionar una nueva planta de personal.