El Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo falló a favor de una comerciante que sufrió amenazas e insultos reiterados luego de una transacción comercial. La resolución establece que los actos constituyen un daño psicológico severo, que incluso llevó a la víctima a requerir atención de salud mental. Este caso subraya los límites legales frente al abuso en plataformas digitales.
Las nuevas disposiciones introducen la presunción de una relación laboral, activándose cuando dos de los cinco indicadores de control o dirección de una lista específica están presentes. Esta lista puede ser ampliada por los estados miembros. La presunción puede ser invocada por el trabajador, sus representantes o las autoridades competentes.
La elección realizada por los autores de la moción, también ha sido objeto de reparos en el presente informe, por estimar que la fisonomía del recurso de protección no se adecua a las características que debe reunir un procedimiento de este tipo. La amplitud e indefinición de la información que podría ser reprimida hacen posible prever una utilización masiva de estas reclamaciones, pudiendo provocar una saturación del sistema judicial.
Los demandantes no pudieron acreditar ilícitos a la libre competencia. Además la tolerancia del fiscalizador administrativo sectorial y la pasividad legislativa son circunstancias que no pueden ser imputadas a los demandados.
El actuar de la recurrida fue arbitrario, toda vez que en el texto notificado no se precisan los departamentos utilizados, la fecha de los hechos, ni la clase de actividades económicas que se le imputan a la recurrente. Con todo, es posible que un reglamento de copropiedad imponga restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, en sus diversas manifestaciones.
Los sindicatos desempeñan una función genérica de representación y defensa de los intereses de los trabajadores, que no descansa sólo en el vínculo de la afiliación, sino en la propia naturaleza sindical del grupo.
La ley entrará en vigencia el 1 de septiembre de 2022.
Reconocidos científicos, académicos y parlamentarios de toda América Latina y el Caribe reunidos en el Parlatino se dieron cita en el seminario internacional: Regulación de Neurotecnologías, Inteligencia Artificial y Plataformas digitales, la experiencia chilena y su proyección.
El desarrollo de las plataformas digitales en los últimos años suscitó varias cuestiones legales vinculadas principalmente con la protección de los usuarios. En este sentido, la Unión Europea redactó un conjunto de normas para regular el mercado digital y las conductas que deben cumplir dichas plataformas en una sociedad democrática, especialmente cuando por medio de ellas se producen daños por la difusión de información falsa, engañosa o sesgada o desinformación.
Diversos expertos se han pronunciado sobre la norma haciendo ver la pertinencia de acotar y aterrizar su contenido.
Es necesario que el Estado juegue un rol activo en estos medios tan incidentes en la ciudadanía y cumpla su rol de garante del Estado de Derecho y protección de los derechos fundamentales.
