El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho a ejercer la acción penal, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el debido proceso, desde que a pesar de que existen diligencias pendientes, no podrá ejercer su derecho a la acción penal en contra de los encapuchados que atentaron contra la Iglesia durante el estallido social.