La requirente sostiene que debe declararse la inaplicabilidad del precepto legal que impugna para garantizar el derecho a defensa y la garantía de procedimiento racional y justo, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad, lo que se garantía aplicando las reglas del procedimiento ordinario.
Anuló de oficio sentencia de Corte de Valdivia que desestimó demanda de nulidad absoluta al acoger excepción de prescripción. Observó consideraciones contradictorias que se anulan entre sí, quedando desprovisto el fallo de motivaciones. Estimó infringido el artículo 13 de la Ley Nº19.253, que prohíbe el arrendamiento de predios indígenas por un plazo mayor a cinco años.
Acreedor demandó ejecutivamente el 31 de mayo de 2019, por lo que no correspondía aplicar la suspensión de plazos a su causa, la cual fue notificada excediendo el plazo del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo tanto, la acción de cobro fue declarada prescrita.
La limitación temporal no se verifica en el decisorio recurrido, pues el informe médico de alta y/o culminación de tratamiento no son cuestiones debatidas en estas específicas actuaciones y las somete a una condición resolutiva indefinida. Lo que debe imperar en este proceso es la realización efectiva del principio de verdad material para lo cual se requiere un rol activo y oficioso de parte del órgano jurisdiccional.
En la especie, se declaró inadmisible la excepción opuesta dentro de plazo por el ejecutado, circunstancia que el máximo Tribunal enmendó de oficio al estimar que la judicatura de base perjudicó el derecho a defensa del actor.
En la especie, la demanda ejecutiva de cobro de pagaré se presentó en una fecha anterior a la entrada en vigencia del estado de excepción, y fue notificada con posterioridad al plazo de un año, por lo que la acción fue declarada prescrita.
El actor reclamó el actuar arbitrario de la municipalidad de Olmué, al ocupar un predio que le pertenece como camino público sin mediar acto expropiatorio previo, pero no señalo la época exacta en que sus derechos fueron conculcados.
El plazo se vuelve a contar desde la fecha en que se notifica el acto que resuelve la reclamación o desde que ésta se entiende desestimada por el transcurso del plazo previsto para tales efectos.
Debe acreditarse la suscripción de la escritura respectiva o haber ingresado a trámite la solicitud de recepción municipal en el plazo que indica, según corresponda.
No obstante, en caso de duda, debe aplicarse la regla general.
La naturaleza del mecanismo de revisión judicial de la potestad sancionatoria del Estado no se altera por la calificación de “apelación” que le otorga el artículo 34 de la Ley N°18.838.
