El máximo Tribunal argentino adujo que el juzgamiento de un delito de muy escasa complejidad se ha extendido ya por más de veintidós años sin que se haya arribado aún a una sentencia que determine, en forma definitiva, la situación procesal del imputado.

La duración excesiva del proceso en beneficio y provecho de los justiciables ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.