El presidente Ricardo Blanco, señaló que «esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ‘Ley de presupuestos del Sector Público’ correspondiente al año 2025, en un monto global de M$17.395.256 de pesos”.
Cuando la Comisión analiza la situación del Poder Judicial (dedica buena parte del Informe a ello), constata que la valoración de la independencia judicial no es especialmente alta entre la ciudadanía y que no se ha tomado medida alguna para disociar en el tiempo el mandato del Fiscal General del Estado y el del Gobierno. Es cierto que es la propia Constitución quien establece tal coincidencia temporal, pero podrían incluirse medidas de refuerzo de la independencia del Fiscal General en una reforma de su Estatuto y con la prohibición de que quienes hubieran ocupado un cargo político en los últimos años pudieran ser designados para ejercer tales funciones.
La actividad tuvo como expositores a la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco; el Subsecretario de Derechos Humanos, Xavier Altamirano; la Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, Claudia Asmad; y la académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y miembro del directorio de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Ángela Arenas.
El problema de la concentración de atribuciones de gobierno judicial en la Corte Suprema, y específicamente, la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de jueces ha sido un tema recurrente en el debate político y académico debido a los potenciales, que han dado lugar a cuestionamientos a la independencia y probidad de la judicatura.
En su discurso inicial, el ministro Silva Cancino explicó el término “Gobierno Abierto”, que comienza a utilizarse en los años 70, por los académicos Richard Chapman y Michael Hunt. “Este concepto se refiere a diversas cuestiones relacionadas con el ‘secreto’ de gobierno e iniciativas para ’abrir las ventanas’ del sector público hacia el escrutinio ciudadano”, indicó.
La propuesta concordada el 1 de julio pasado por el Pleno del máximo tribunal considera la separación de las funciones jurisdiccionales de las que no lo son y la creación de un órgano autónomo y descentralizado para los nombramientos.
El propósito de la reforma constitucional consiste en avanzar hacia una propuesta que mejore el sistema de nombramiento de magistrados, manteniendo el principio de “frenos y contrapesos” tan característico de nuestro sistema democrático, pero sosteniendo firmemente la idea de respetar la carrera judicial, la transparencia, la probidad y la formación técnico profesional de nuestros magistrados.
La reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras, pone de relieve un caso en donde el Poder Ejecutivo realizó un ataque frontal a la independencia del Poder Judicial hondureño destituyendo a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de Honduras.
El ex parlamentario busca eliminar un reportaje del programa “fallos históricos” del Poder Judicial, que informa acerca de su condena criminal en el año 2005, para ello apela al derecho al olvido y haber cumplido su condena, por lo que -en su opinión- el video impugnado no hace más que perpetuar una imagen negativa de su persona en el resto de la sociedad.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en su momento enfatizó que la conducta de un magistrado debe ser ejemplar (Fallos 305-2:1932). Si nos centramos en la faz ética, su objeto es establecer qué es lo que corresponde exigirle al juez en orden a convertirlo en el mejor juez posible para la sociedad de ese tiempo y lugar.
“Coincidimos en muchas de las preocupaciones que tiene el colegio con el presidente de la corte y quedamos en tratar de aunar esfuerzos de modo de buscar soluciones en conjunto» manifestó Pedro Pablo Vergara.
