Policía de Investigaciones (PDI)

Negativa de reimpresión de cédula de identidad de ciudadano peruano en situación migratoria irregular, se ajusta a derecho.

Tuvo en consideración que la solicitud de residencia definitiva, fue revocada el 26 de octubre de 2021 por el Servicio Nacional de Migración, siendo impugnada por el recurrente el mismo mes y año, encontrándose actualmente en tramitación, por lo cual no se vislumbra ninguna actuación arbitraria o ilegal, ya que la emisión de cualquier documento requiere necesariamente que el solicitante se encuentre en situación migratoria regular.

20 de febrero de 2025

PDI debe pagar Asignación de especialidad al grado efectivo y no limitarlo a un período posterior al reconocimiento previo que efectuó sobre su procedencia, desconociendo su propia actuación y el derecho del actor.

14 de octubre de 2024
La Corte Suprema resolvió que la omisión denunciada conculca la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad del recurrente, al no encontrar fundamento para negar el pago íntegro de la asignación de zona sobre la especial de grado efectivo por el período en que el funcionario prestó servicios, respaldado por pronunciamientos anteriores.

Resolución que dispuso traslado de funcionario de la PDI sin contener la debida fundamentación atendida la situación personal del actor, deviene en arbitraria y se deja sin efecto por la Corte de Santiago.

24 de septiembre de 2024
El Reglamento de Destinaciones de la PDI otorga al Director General la facultad de reasignar personal en cualquier momento por razones de servicio, sin embargo, esta facultad debe ejercerse de conformidad con los principios de igualdad, imparcialidad, y transparencia, garantizando que las decisiones sean justas y fundamentadas.
Leyes 18.714 y 18.575.

Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida de la PDI está facultada para enajenar inmuebles pertenecientes al Patrimonio de Afectación Fiscal de la institución si se declaran prescindibles previa autorización del Director General de la PDI.

Para lo cual, agrega el Contralor, se deberá recurrir por regla general a la licitación pública, y en casos justificados será posible utilizar las otras modalidades –licitación privada y trato directo-. También precisa que la venta estará sujeta a la fiscalización de Contraloría.

16 de diciembre de 2022
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