El retardo constituye una vulneración del deber de celeridad que deben observar los órganos de la Administración del Estado y una infracción al plazo previsto en el artículo 27 de la ley 19.880.
Si el proceso penal finaliza por absolución o sobreseimiento definitivo, corresponde que se paguen dichas sumas, ya que en ese evento procede estimar que el funcionario ha estado impedido para desempeñarse en razón de un acto de autoridad constitutivo de fuerza mayor.
Además, el amparado goza de arraigo en el territorio nacional, dispone de un contrato de trabajo; su madre y hermano viven en Chile y gozan de residencia definitiva; y reside junto a su pareja e hija, la primera con residencia temporal y la segunda asiste al colegio.
Cambia la denominación de “Asistente Policial” por la de “Agente Policial” o “Agente Policial Superior”, según el grado de escalafón, con el fin de avanzar hacia una mayor profesionalización de quienes ejercen ese cargo.
La iniciativa busca tipificar de manera clara y precisa esta modalidad delictiva, reconociendo su gravedad y el impacto que tiene en la seguridad y bienestar de la población. Entre las principales medidas que contempla se encuentra la inclusión de agravantes y penas accesorias, incluso la inhabilitación perpetua para obtener una licencia de conducir, para aquellos que cometan robos en motocicleta o bicimoto de manera violenta o sorpresiva.
El artículo 53 del Reglamento de Sumarios Administrativos e Investigaciones Sumarias de la PDI se encuentra derogado tácitamente desde la entrada en vigencia del artículo 142 bis del estatuto del personal policial.
La iniciativa explicita el rol de la PDI en la investigación de delitos y del crimen organizado, y el deber de controlar el ingreso y egreso al país.
Refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil en su labor de protección del orden público.
Del texto del recurso aparece que la situación descrita constituye uno de los supuestos previstos en el artículo 21 de la Constitución, en cuanto se alude a una presunta afectación a la libertad personal del amparado.
El requirente alega que la aplicación del precepto, en el caso concreto, infringe su garantía a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
La conducta de la recurrida omite el deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres, así como también provoca victimización secundaria en la actora.
