En su Informe de Fondo, la Comisión determinó que el Estado violó el derecho a la vida de Julio García Romero; en particular constató que el uso de gases lacrimógenos no cumplió con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la operación no fue regulada, organizada, ni controlada con el objeto de proteger a las personas manifestantes.

Al tratarse de una falta leve debe estarse al plazo de prescripción de un mes y no de dos años. El cómputo del plazo se inicia desde que la falta se hubiere cometido, de suerte que, al haber transcurrido más de un mes desde el último de los accesos indebidos al mencionado sistema informático, la infracción se encuentra prescrita.

Entre las medidas de reparación dispone el pago de US$50.000.

La Segunda Sala del tribunal de alzada no hizo lugar al recurso constitucional de amparo, tras establecer que, con los datos aportados por la recurrente, no es posible tener por acreditado el actuar ilegal y vulneratorio atribuido a la policía, como exige la norma legal.

Las pruebas contra los dos demandantes fueron producidas en audiencia pública, en su presencia y de sus representantes, y tuvieron la oportunidad de participar en el contrainterrogatorio de esos testigos. La defensa también tuvo la oportunidad ilimitada de presentar su propia versión de los hechos y las pruebas pertinentes.

Las regulaciones violan el derecho general de la personalidad del párrafo 1 del artículo 2 en relación con el párrafo 1 del artículo 1 de la Ley Fundamental en su manifestación como derecho a la autodeterminación informativa, porque no contienen umbrales suficientes para la interferencia.

El máximo Tribunal ordenó la realización de un nuevo proceso, excluyendo la evidencia incriminatoria recogida en el procedimiento irregular con ocasión de la detención del recurrente.

La imputada conocía desde el principio de la relación la vinculación del hombre en actividades delictivas, de lo que queda indudable constancia a la vista de las consultas que efectúa en las Bases de Datos Policiales.

La potestad conferida a la Policía para acciones de “prevención” resulta desproporcionada, pues no existe prueba de la idoneidad de la medida, ni certeza de que el acceso de la autoridad a circuitos de vigilancia y seguridad privados a fin de ejecutar acciones de “prevención” –que la propia ley se abstiene de definir, precisar y acotar– contribuya a disminuir las conductas delictivas.

Por tratarse de una víctima de violencia intrafamiliar, pesaba sobre el personal policial un deber de seguridad concreto, el cual se cumplió de modo ineficiente y descuidado, sin ajustarse a las circunstancias del caso.