Comenzará a regir seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de los reglamentos que regularan el uso, almacenamiento, conservación, estándares de revisión y destrucción de los registros audiovisuales.

Conocida como ley de cámaras corporales, se espera que entregue más seguridad a las policías al permitir contar con un registro de los procedimientos policiales.

La iniciativa tiene por objeto aumentar la eficacia de la actuación policial y de los fiscales, a fin de asegurar la mejor prueba posible. A su juicio del Tribunal, solo la oración “previa orden de destrucción emanada del Ministerio Público” reviste naturaleza propia de ley orgánica constitucional, y se ajusta a la Constitución en el entendido que se precisa en el fallo.

Cambia la denominación de “Asistente Policial” por la de “Agente Policial” o “Agente Policial Superior”, según el grado de escalafón, con el fin de avanzar hacia una mayor profesionalización de quienes ejercen ese cargo.

Tras conocer los últimos índices de victimización de Paz Ciudadana, el senador Juan Antonio Coloma llamó al gobierno a acelerar la tramitación de las iniciativas que forman parte de la Agenda de Seguridad y que “apuntan precisamente a enfrentar el alto temor de la población a sufrir delitos”.

La norma permite establecer cada tres años qué unidades podrán contar con esta tecnología. El costo de implementación es cercano a los 7 mil millones de pesos.

El proyecto aprobado por la Sala de la Cámara busca establecer para el transporte aéreo una obligación ya vigente para los medios terrestres y marítimos. Por esta vía, se espera facilitar las investigaciones de hechos delictuales. Además, la Corporación aprobó la entrega de la nacionalidad chilena por gracia a dos deportistas radicados en nuestro país.

Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general el proyecto que entrega esta facultad también al Ministerio Público. La idea es otorgar a estas instituciones una herramienta eficaz y efectiva para fortalecer la investigación de delitos.

La iniciativa respaldada por la Cámara y que pasa al Senado, establece registros y almacenamiento audiovisual para funcionarios de ciertas unidades especializadas de Carabineros y la PDI.

La iniciativa busca facilitar la identificación de detenidos cuya identidad no es posible de determinar. Para esto, establece un proceso de verificación de los datos de las personas y su eventual enrolamiento.