La prohibición solo se aplica al asesoramiento jurídico que no tiene relación con un procedimiento judicial. El asesoramiento jurídico prestado a personas físicas, en particular, queda fuera del ámbito de aplicación de la prohibición. Por lo que respecta a las excepciones a la prohibición, no suponen en sí mismas injerencia alguna en la protección del secreto profesional del abogado.