El proyecto de ley, conocido como HR29, lleva el nombre de Laken Riley, una ciudadana que fue asesinada en Georgia, en 2024. El autor del delito fue un inmigrante venezolano que había ingresado al país sin documentación legal y tenía antecedentes por hurto en tiendas. El caso fue citado como justificación para la propuesta de ley por parte de sus promotores.
La legislación establece una distinción entre los extranjeros que se encuentran «en situación de empleo» y aquellos que no, con consecuencias directas sobre las prestaciones sociales que pueden recibir y el tiempo de espera para acceder a ellas.
La versión del proyecto de ley aprobada por el Senado refuerza aún más las restricciones a la capacidad de los inmigrantes para reunirse con sus familias en Francia, limita la ciudadanía por nacimiento y reduce las prestaciones sociales. Además, introduce una cuota anual para el número de llegada de inmigrantes, que sería determinada por los legisladores.
Dictaminó que los intentos del gobierno de Biden para codificar la política DACA en una regulación federal eran ilegales. Sin perjuicio de ello, se abstuvo de cesar las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para unos 580.000 dreamers.
El acuerdo, que fue alcanzado tras una década de disputas, acelera los procedimientos de tramitación de solicitudes de asilo y permite a los migrantes contar con traductores y asistencia jurídica. También introduce un componente de solidaridad que confiere a los Estados miembros dos opciones ante la llegada de migrantes: acogerlos o pagar 20.000 euros por migrante para sufragar los gastos de los controles fronterizos obligatorios.
