El derecho de información que conforma uno de los pilares del sistema protectorio consumeril, tiene correlato en el deber de información impuesto a los proveedores de bienes y servicios en general, y en particular con la del productor de seguros y la compañía aseguradora. En la especie, se invocó la responsabilidad del productor de seguros por déficits en su obligación de asesorar al asegurado a fin de que éste obtenga la más adecuada cobertura.

Los demandantes debieron enfrentar trámites y gestiones burocráticas desconociendo ante quien debían presentar la documentación para activar el seguro de vida colectivo. El deber de información a cargo de las empresas les impone obligaciones de resultado y no se alcanza sólo con entregar formularios o pólizas redactadas con letra chica y en forma tan extensa que se torna incomprensible para los consumidores.

La “suma asegurada” cumple la función que le es propia cuando la aseguradora hace honor a su obligación en tiempo también propio, esto es, en el tiempo en el que, por haber sido previsto en el contrato o resultar de la ley, es el que las partes han tenido en mira al cuantificar de ese modo el máximo de la indemnización que, llegado el caso, habrá de percibir el asegurado.

La interpretación contractual debe ser debatida en un procedimiento de lato conocimiento. Lo mismo para establecer si el fallecimiento se provocó por su imprudencia al ingresar a una zona prohibida y por la ingesta de sustancias ilícitas.

En virtud de la señalización específica existente, el conductor debería haber adaptado su conducción a las condiciones de la vía, dada su peligrosidad, por la posibilidad de presencia de animales sueltos, algo que no consta que el mismo hiciera.

Al poner término anticipado al contrato de seguro, la aseguradora no respetó la propia manifestación de voluntad de los contratantes, que convinieron otorgar un plazo de 15 días corridos para pagar la deuda contados desde el aviso de cancelación del contrato.

El actor ha acreditado la vigencia de la póliza, el incendio determinante del daño que la cubre, y el importe concreto del daño del vehículo que reclama. Es la compañía demandada la que, para eximirse del pago, debe acreditar, de forma entera y cumplida, que ha mediado dolo o culpa grave del asegurado; es decir, no ya que el incendio fuera provocado, sino que lo fuera por dolo o culpa grave del actor.

No se denunció la conculcación de la norma contenida en el artículo 515 del Código de Comercio.

La acción cautelar de urgencia no constituye una instancia de declaración de derechos.

Las enfermedades preexistentes son aquellas conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato.