El actor ha acreditado la vigencia de la póliza, el incendio determinante del daño que la cubre, y el importe concreto del daño del vehículo que reclama. Es la compañía demandada la que, para eximirse del pago, debe acreditar, de forma entera y cumplida, que ha mediado dolo o culpa grave del asegurado; es decir, no ya que el incendio fuera provocado, sino que lo fuera por dolo o culpa grave del actor.

No se denunció la conculcación de la norma contenida en el artículo 515 del Código de Comercio.

La acción cautelar de urgencia no constituye una instancia de declaración de derechos.

Las enfermedades preexistentes son aquellas conocidas por el afiliado y diagnosticadas médicamente con anterioridad a la suscripción del contrato.

No se acreditó cómo el actuar del demandado habría influido en tener que soportar un mayor deducible que el pretendido por la actora, lo que impide tener por configurada la responsabilidad alegada.

La recurrida adoptó las medidas necesarias para investigar la razón de la negativa de la aseguradora de iniciar el proceso de liquidación del siniestro denunciado por la actora.

Si bien al momento de contratar el seguro, el actor contaba con exámenes que indicaban el hallazgo de una anomalía arterial, carecía de un diagnóstico, y por ende, no le era exigible su declaración.

Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La aseguradora estuvo llana a dicha indemnización, por lo que al ser un acto voluntario de reconocimiento tácito de la cobertura que se reclama, se debe acoger el recurso.

El recurrente estimó vulneradas su garantía constitucional del derecho de propiedad.