El Gobierno alegó que durante la tramitación de la ley no se había consultado a las regiones autónomas de Madeira e Islas Azores, especialmente afectadas por los altos índices de consumo de drogas sintéticas. Anunció que promulgará la ley con observancia de lo dispuesto por el Tribunal.

Elimina el criterio de cantidad para determinar la punibilidad del delito y realiza una diferenciación entre traficantes y consumidores, para ayudar a estos últimos a tratar sus problemas de adicción. Del mismo modo, hace equiparables las drogas sintéticas con las llamadas drogas tradicionales.

La normativa fue aprobada en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, que el Papa Francisco presidirá próximamente en Portugal. Si bien es aplicable para los delitos castigados con hasta 8 años de cárcel, el texto legal establece una lista de ilícitos que están excluidos del beneficio, como el homicidio y la ofensa grave a la integridad física.

Tras su primera aprobación, ocurrida en 2021, se generó un intenso debate entre aquellos que apoyaban la despenalización de la eutanasia y los sectores más conservadores que se oponían a ella, entre ellos el presidente de Portugal. Si bien en el pasado la ley fue vetada en dos ocasiones por el gobierno, en esta oportunidad anunció que no se opondrá a ella, pues, en atención al quórum obtenido, la Constitución Política lo impide.

El máximo interprete constitucional portugués consideró que algunas normas de la ley eran imprecisas lo que impedía una aplicación exacta de la ley.

El Tribunal de Apelación no pudo haber hecho más, teniendo en cuenta que fue llamado a pronunciarse únicamente sobre los motivos del despido del demandante. Así, llevó a cabo un minucioso ejercicio de equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y el derecho de su empleador a garantizar el buen funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta su fin legítimo perseguido, a saber, el derecho a controlar su gasto.

Aun suponiendo que la reputación de los actores hubiera sido dañada, ello no se debió a la hipótesis esgrimida por el autor, sino a consecuencia de las sospechas expresadas contra ellos que llevaron a que fueran puestos bajo investigación en un proceso que suscitó amplia atención de los medios.

El texto aprobado por el Parlamento prevé que las personas mayores de edad, de nacionalidad portuguesa y que vivan en el país y que se encuentren en una situación de sufrimiento extremo, que presenten lesiones irreversibles o que estén afectados por una enfermedad incurable puedan recurrir al suicidio asistido.

La ley pasará al Presidente Rebelo de Sousa, a partir de la segunda semana de febrero, para firmar la moción y promulgarla, someterla a revisión de la Corte Constitucional o vetarla. Tiene 20 días de plazo para esta consideración.