Los requirentes pretendían hacer valer una sentencia dictada en Uruguay, que los reconocía como herederos de unos causantes que eran dueños de dos propiedades situadas en Chile, pero además, solicitaron al máximo Tribuna que ordenara la inscripción de dicho fallo en el Registro Nacional de Posesiones efectivas, petición que excede los fines del exequátur al tratarse de una gestión voluntaria.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta impugnada, que denegó la solicitud de la inscripción sobre la base de razones formales y una normativa legal derogada.

La acción destinada a declarar la filiación entre los demandantes y el causante, se incluye dentro del término “recurso judicial” del artículo 2503 del Código Civil, por lo tanto, su interposición es necesaria para alegar el derecho a herencia del que fueron privados arbitrariamente los actores por la parte demandada.

En 2015, el Fisco obtuvo la posesión efectiva de una herencia vacante, cuando en la especie, correspondía la tramitación de la declaración de herencia yacente, de forma que, la judicatura de fondo no podía exigir al heredero pronunciarse respecto de la herencia quedada al fallecimiento de su madre, pues el procedimiento judicial que correspondía nunca se inició.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario del servicio recurrido al denegar la solicitud.

Pretender que por no haber reconocimiento expreso del hijo en una escritura pública, o en acto testamentario posterior, éste no tendría la calidad de hijo, es un criterio que repugna tanto a la ley vigente como a su espíritu.

Negativa se funda en una serie de disquisiciones sobre normas ya derogadas, cuanto resulta aplicable el artículo 188 del Código Civil que determina la filiación no matrimonial, sobre la base de lo cual la recurrente ha reclamado el reconocimiento de sus derechos sucesorios.

La recurrente pidió el reconocimiento del estado civil de hija de una tía materna fallecida en 2017, invocando el derecho a la identidad y a conocer los orígenes propios, protegido por el convenio Nº169 de la OIT y el Pacto San José de Costa Rica.

La negativa del Registro Civil a conceder la posesión efectiva se fundamentó en que la recurrente no fue reconocida por su madre en una escritura pública o acto testamentario, manteniendo la calidad de hija ilegítima.

El actor alegó que el órgano recurrido no lo escuchó previó a modificar la posesión efectiva de su madre, afectando así el debido proceso, sin embargo, la Corte descartó ese argumento, tras determinar que la tramitación de una posesión efectiva no es un asunto litigioso que contenga etapas de discusión.