El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que conformó la de primer grado que acogió, con costas, la acción.

La demandada fue estafada junto a su madre y mediante el engaño vendieron la propiedad al condenado, quien posteriormente la enajenó al demandante, circunstancia que era conocida por el actor al momento de demandar la restitución del inmueble.

El máximo Tribunal rechazó el recurso impetrado por la parte demandada por manifiesta falta de fundamento.

El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que estableció que la parte demandada ocupó legítimamente el inmueble.

El demandado no contestó la demanda de precario y sólo en la apelación indicó que era el anterior dueño del inmueble, argumento que reiteró en su libelo de nulidad sustancial, acto que el máximo Tribunal estimó como un intento de modificar los hechos asentados en la causa.

El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que confirmó la de primer grado que hizo lugar a la demanda.

El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.

El recurrente intentó justificar la ocupación del inmueble en circunstancias no probadas ni asentadas durante el proceso, por lo que demanda de precario viene correctamente acogida.

El demandante se adjudicó el inmueble ocupado mediante la partición de la sociedad conyugal conformada con la demandada, por lo que la permanencia de esta en el sitio posee un título válido y conocido por el actor.

A falta de un representante nombrado por la comunidad, cualquiera de sus integrantes puede ejercer medidas tendientes a la conservación del patrimonio común, como en la especie, la interposición de una demanda de precario.