El recurrente no pudo revertir la sentencia de primera instancia que acogió la demanda de oposición a la regularización, al considerar que el predio reclamado pertenece al demandante, por lo que el proceso iniciado por el demandado en virtud del D.L. N°2695 se dejó sin efecto.
No existe antecedente que acredite que los recurridos realizaron los actos que se les imputa, como la instalación de cercos y trancas en el predio de los recurrentes, alegación que por lo demás flaquea, por resultar efectivo que el domicilio de al menos dos de los recurridos se encuentra en la Región Metropolitana.
El demandante accionó contra el Fisco, reclamando el monto de la indemnización provisional consignada en razón de la expropiación de parte de su predio para desarrollar una obra de mejoramiento vial en la ruta que une las localidades de Cólico con Caburga Norte, en la región de La Araucanía.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
El magistrado acogió las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento. Además, fijó en tres meses el plazo de investigación.
El Tribunal de alzada le ordenó, además, a la parte recurrida abstenerse de realizar en lo venidero, acciones que perturben o priven de la propiedad a su dueña.
El querellado intentó justificar la apropiación, argumentando que los jueces de fondo incurrieron en ultrapetita al ordenar la devolución de una porción de terreno que no fue debidamente singularizada por la querellante, tesis que fue desestimada por el máximo Tribunal.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar dirigido en contra de hechos asentados por la judicatura del fondo.
Los recurridos alegaron haber comprado el derecho respectivo.
La vía cautelar no constituye una instancia de declaración de derechos.
Las partes deben tener la opción de aportar probanzas en apoyo de las pretensiones que cada una sostiene.
