Italia es condenada por el Tribunal debido a la ineficacia de su sistema judicial, que permitió que los delitos de acoso y violencia de una expareja prescribieran por los retrasos en la investigación.
El máximo Tribunal estimó que el contrato de prestación de servicios entre una oficina de abogados y su cliente, estaba sujeto a la condición suspensiva de finalizar un juicio laboral, lo que en la especie ocurrió el día en que el tribunal de base certificó la ejecutoria de una transacción entre el cliente -ahora demandado- y su ex empleador.
Por medio de la acción de jactancia, el deudor no puede eludir al cumplimiento de la obligación adeudada, acusando que el informe escrito es un “alarde” del acreedor respecto de un derecho que no está gozando, en circunstancias que dicho informe da cuenta de un hecho, más no es óbice para satisfacer los requisitos del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, el máximo tribunal estimó que la cláusula de aceleración redactada en términos facultativos no permite el fraccionamiento del cobro en las cuotas no vencidas, pues el acreedor manifiesta su voluntad de acelerar el cobro de todo lo adeudado al momento de presentar la demanda.
El feriado legal, o “vacaciones”, al ser un derecho irrenunciable del trabajador, se encuentra protegido por la regla del inciso primero del artículo 510 del Código del Trabajo, y la acción para reclamar su pago prescribe en dos años. Sin embargo, tal plazo debe computarse desde la finalización del contrato, y no desde que el feriado legal se hace exigible.
La AFC demandó en 2015 a una empleadora solicitando el pago de deudas con el seguro de cesantía del año 2012 de dos trabajadores, libelo que fue notificado en 2022, excediendo el plazo de 5 años de la acción de cobro, según lo establecido en los artículos 2512 y 2518 del Código Civil.
La existencia de una “ocasión anterior” en que el imputado fuese sorprendido cometiendo esa clase de delitos, no ha sido considerado como una circunstancia agravante por la ley, sino como un requisito, ante el cual el culpable de un segundo evento delictivo de la misma especie, recibe una sanción mayor en lo que a la suspensión de licencia de conducir se refiere, siendo en este caso el de 5 años, refiere el voto en contra.
Si bien a la fecha emisión del presente informe la sanción decretada puede encontrarse prescrita, esta no ha ejercido el derecho contemplado en el 2514 del Código Civil, en la forma señalada por el artículo 2493 de ese mismo cuerpo legal, informó el recurrido.
La ley no define específicamente el término impuesto, pero se entiende generalmente como un gravamen impuesto para financiar los gastos generales del Estado, sin que el contribuyente reciba un beneficio directo más allá de los servicios públicos generales. Mientras que los derechos de aseo municipal son tarifas por un servicio específico.
De lo contrario se hace imposible entrar al estudio del recurso, por cuanto ello importaría dejar a la discrecionalidad de la Corte la determinación del error de derecho en que pudiere incurrir la sentencia.
El máximo tribunal estimó que los recurridos obraron con falta o abuso, al confirmar el fallo de primer grado que hizo lugar a las demandas en sede laboral, salvo la de nulidad del despido, que consideró prescrita por transcurrir más de seis meses, lo que es improcedente debido a que dicha acción dependía de las demás entabladas y que por aplicación del artículo 510 del Código del Trabajo, correspondía reconocer el plazo de 2 años para ejercerla y no los seis meses como ocurrió en la especie.
