El precepto contenido en el artículo 196 de la Ley 18.290, en su actual redacción, establece un mayor rigor en las sanciones lo que obedece a la idea de incentivar un manejo responsable, como política criminal.

Una escribana «injuriada» en la redacción de una demanda por simulación de una escritura donde intervino, demandó al abogado y sus clientes por los daños que esos dichos le ocasionaron a su «credibilidad profesional» al acusarla de un delito. La acción prospero en primera instancia pero se declaró prescripta en la alzada.

La Corte Suprema confirmó la decisión de los jueces de fondo, de indemnizar por daño moral a una víctima que no se encuentra reconocida como tal por el informe Valech, pero que pudo ser situada por testigos al interior del Estadio Nacional hasta el 24 de septiembre de 1973. La Corte indicó que la obligación de reparar el daño causado no es excluyente respecto de quienes no aparezcan en la nómina de la Ley Nº19.992.

Al iniciarse la causa con anterioridad a la entrada de en vigor del estado de excepción de catástrofe -marzo de 2020-, no se puede aplicar la suspensión de plazos judiciales contemplada en el artículo 8 de la Ley Nº21.226.

El máximo Tribunal, estimó que la prescripción de la acción cambiaria no puede fraccionarse en atención a la cantidad de cuotas que el ejecutante decida “perdonar” al deudor para exigir el pago de las restantes, pues al demandar manifestó inequívocamente su voluntad de acelerar y cobrar el total de la deuda, y no una fracción de ella.

El recurrente fue detenido y torturado en 1987 por agentes militares, y luego de obtener sentencia favorable en primera instancia al demandar la indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual del Estado, la Corte revocó el fallo, indicando que dicha responsabilidad prescribía en cuatro años, no obstante, el máximo tribunal acogió el arbitrio de nulidad sustancial luego de razonar que la responsabilidad internacional de Estado, implica la reparación oportuna y eficaz a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El plazo de la acción de cobro de un pagaré se encontraba prescrito al momento en que fue notificada la ejecutada, y debido a que la demanda se presentó antes del inicio del estado de excepción (marzo de 2020), dicho plazo no se encontraba interrumpido bajo la hipótesis indicada en el artículo 8 de la Ley N°21.226.

El demandante pidió el pago de las prestaciones derivadas del despido por necesidades de la empresa, a lo cual, el demandado opuso excepción de caducidad -la que fue acogida y confirmada por la magistratura-, en circunstancias que debió oponer la excepción de prescripción.

El máximo Tribunal concluye que el plazo de prescripción de la acción de cobro del cheque se interrumpe al iniciar la gestión preparatoria de reconocimiento de firma y deuda, no obstante, la certificación de dicha gestión culmina este trámite y luego de ella el plazo de prescripción de un año comienza a computarse nuevamente.

El acusado fue condenado en 2014 como autor del delito de manejo en estado de ebriedad, ilícito que volvió a cometer en 2021, no obstante, el juez de garantía consideró el primer delito para aumentar la cantidad de años de suspensión de licencia de conducir, en circunstancia que aquel se encontraba prescrito.