El municipio fue declarado rebelde durante el juicio y no pudo argumentar eficazmente acerca de las infracciones a las normas reguladoras de la prueba acusadas ante el máximo Tribunal.

Esta es la correcta aplicación e interpretación del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo que en la especie el máximo Tribunal absolvió al demandado de la ejecución.

El máximo Tribunal resolvió que las normas de prescripción civil no pueden aplicarse a los delitos de lesa humanidad, y que el Estado se encuentra en la obligación de reparar el daño causado por sus agentes a las víctimas de estos delitos.

En la especie, transcurrió más de un año entre la presentación de la demanda y la notificación de la misma, por ende, la declaración de prescripción de la deuda debe ser total.

Exigir la notificación de la demanda para entender interrumpido el plazo de prescripción es un requisito adicional que contraviene su fundamento.

En la especie, la demanda ejecutiva se notificó con posterioridad al plazo de un año establecido en la Ley N°18.092, por lo que los jueces de fondo debieron declarar prescrita toda la deuda y no sólo una porción de ella.

Tal contradicción en la petición del recurrente constituye un intento de establecer nuevos hechos a los ya asentados en el juicio.

En el año 2013 el banco intentó cobrar por vía ejecutiva un mutuo de dinero cuya acción estaba prescrita, por lo que persiguió el cobro de forma ordinaria argumentando para ello que había retirado la demanda del juicio anterior.

El fallo descartó además que la sentencia impugnada haya omitido los fundamentos que la llevaron a su decisión. Sostuvo al respecto que, la falta de conformidad del recurrente con dichos fundamentos, al acusar falta de mérito, no significa que los mismos no existieran.

En virtud del principio iura novit curia, el sentenciador debe aplicar a la cuestión de hecho las normas legales que la gobiernan.