La prescripción del plazo en materia de responsabilidad estatal tiene como fin último evitar que exista indefinidamente una acción que permita a los afectados exigir a la entidad la reparación integral del daño generado por su actuar administrativo irregular, lo que encuentra su justificación en la seguridad y certeza jurídica.

Si bien los artículos 200 y 201 del Código Tributario establecen el plazo de 3 años de prescripción para las acciones que tienen en la materia tanto el SII como la TGR, al haberse imputado el abono al impuesto adeudado, tal acto tuvo la virtud de interrumpir el plazo de prescripción.

En la especie, la demanda ejecutiva de cobro de pagaré se presentó en una fecha anterior a la entrada en vigencia del estado de excepción, y fue notificada con posterioridad al plazo de un año, por lo que la acción fue declarada prescrita.

Al demandar ejecutivamente el acreedor manifestó su voluntad de cobrar el total de lo adeudado, por lo que al prescribir la acción cambiaria, ésta opera respecto del total de la deuda y no sobre parcialidades.

Recayendo la carga probatoria en la demandada, debió acreditar la existencia de un título sobre el inmueble que ocupa para enervar la acción de precario.

El poseer un justo título inscrito no significa que el demandante ya adquirió por tradición, pues tal título es uno de los requisitos para que la prescripción adquisitiva sea declarada.

Reclamó por deudas prescritas informadas al Boletín Comercial no puede prosperar si durante la tramitación de la acción una se aclaró y respecto de la otra el actor carece de un derecho indubitado.

De lo contrario, se tiene por no preparado el recurso de nulidad formal. Del mismo modo, la nulidad sustancial debe argumentarse en consideración a las normas que sirvieron de base para dictar el fallo impugnado.

El plazo de prescripción de la acción infraccional dispuesta en la Ley N°19.496 es distinto del plazo para la acción indemnizatoria, por lo que esta última no se encuentra prescrita. Sin perjuicio de eso, estimó como no acreditados los perjuicios acusados.

En cambio, solo estimó los efectos de la interrupción civil incurriendo el fallo en la causal de casación formal del artículo 768 N°5 en relación al artículo 170 N°4 ambos del Código de Procedimiento Civil.