Surge de los antecedentes que el plazo en cuestión es de 4 años y 6 meses, compuesto por el plazo de prescripción ordinario -de 3 años- correspondiente a la pena máxima prevista para el delito imputado más la mitad de ese plazo.

El fallo concluye que en razón del artículo V del tratado de extradición entre ambos Estados, el delito prescribió luego de transcurridos 5 años.

El requirente alega que, de aplicarse el precepto impugnado, es imposible ejercer su acción penal, lo que afecta su garantía a la tutela jurisdiccional efectiva.