En los hechos probados de lo que viene definiéndose como «ánimo libidinoso», hay ya una asentada jurisprudencia que no lo considera necesario, si el acto, en sí mismo, encierra una propia significación sexual, porque ni siquiera lo exige el tipo contemplado en la norma, que solo precisa la realización de «actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona”.

Puede afirmarse que la acusada voluntariamente dejó de suministrar un medicamento a su hijo menor, que durante esa época la situación del menor empeora y a pesar de ese empeoramiento que es objetivo, la acusada sigue sin suministrar el tratamiento que le había prescrito el médico.

La sentencia nos sigue interpelando como país en materias de lucha contra el terrorismo, no discriminación y debido proceso. Esta toma especial importancia en la actualidad, cuando se tramita con suma urgencia una nueva ley antiterrorista en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, y es una oportunidad para tener una normativa no solo eficaz, sino que también respetuosa del derecho internacional de los derechos humanos.

Si la defensa tenía alguna sospecha sobre posibles falsificaciones debería haber solicitado a los correspondientes medios de comunicación copias de las imágenes originales y cotejarlas con las que obran en autos. No existe pues vulneración de la cadena de custodia, y la prueba ha sido debidamente valorada.

Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.

En ausencia de una prueba técnica y de calidad científica que permita respaldar y corroborar los asertos de la víctima, no existiendo otro antecedente de cargo que contribuya a ese objetivo, es que el Tribunal queda despojado de la posibilidad de acreditar la existencia del delito.

No puede deducirse que exista una previsión legal clara, que responda a los requisitos de seguridad y certeza, que justifique el traslado de una persona de un punto en que se la intercepta en un control de seguridad hacia una comisaría para realizar la prueba de alcoholemia en aquellos supuestos en que la persona no acepte voluntariamente, de forma indubitada y clara, ese desplazamiento para realizar la prueba.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.

El deterioro o destrucción de bienes de dominio o uso público afecta no solo a su valor, sino que también puede afectar, en el caso del transporte público, a la capacidad operativa del sistema derivado del paro total o parcial del servicio, retrasos, disrupciones de frecuencias, etc. En definitiva, la conducta delictiva incide negativamente en la prestación de un servicio público y perjudica a la colectividad.

La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.