La sentencia nos sigue interpelando como país en materias de lucha contra el terrorismo, no discriminación y debido proceso. Esta toma especial importancia en la actualidad, cuando se tramita con suma urgencia una nueva ley antiterrorista en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, y es una oportunidad para tener una normativa no solo eficaz, sino que también respetuosa del derecho internacional de los derechos humanos.

Si la defensa tenía alguna sospecha sobre posibles falsificaciones debería haber solicitado a los correspondientes medios de comunicación copias de las imágenes originales y cotejarlas con las que obran en autos. No existe pues vulneración de la cadena de custodia, y la prueba ha sido debidamente valorada.

Dictaminó que el derecho constitucional al debido proceso varía según las circunstancias. A diferencia de los bienes inmuebles, que no pueden ser confiscados sin una audiencia previa, los bienes personales, como los vehículos, pueden ser ocultados antes de una audiencia. En consecuencia, cuando la policía confisca un automóvil, el propietario tiene derecho a una audiencia oportuna después de la confiscación, pero no a una audiencia inmediata.

En ausencia de una prueba técnica y de calidad científica que permita respaldar y corroborar los asertos de la víctima, no existiendo otro antecedente de cargo que contribuya a ese objetivo, es que el Tribunal queda despojado de la posibilidad de acreditar la existencia del delito.

No puede deducirse que exista una previsión legal clara, que responda a los requisitos de seguridad y certeza, que justifique el traslado de una persona de un punto en que se la intercepta en un control de seguridad hacia una comisaría para realizar la prueba de alcoholemia en aquellos supuestos en que la persona no acepte voluntariamente, de forma indubitada y clara, ese desplazamiento para realizar la prueba.

El Síndrome de Alienación Parental (SAP) no solo no es un síndrome diagnóstico, sino que estaría inhabilitado para expresar un diagnóstico y enunciar un tratamiento a seguir. Por lo tanto, metodológicamente sobre la base del SAP, no se puede hacer diagnóstico ni pronóstico, ya que, carece del estatus clínico necesario.

El deterioro o destrucción de bienes de dominio o uso público afecta no solo a su valor, sino que también puede afectar, en el caso del transporte público, a la capacidad operativa del sistema derivado del paro total o parcial del servicio, retrasos, disrupciones de frecuencias, etc. En definitiva, la conducta delictiva incide negativamente en la prestación de un servicio público y perjudica a la colectividad.

La presunción de inocencia que rige en el proceso penal no impide que se adopten medidas de protección en favor de un niño si de las evidencias se desprende que ha sido víctima de presunta violencia sexual. Lo anterior, por cuanto las autoridades competentes tienen la obligación de evitar la consumación de cualquier riesgo que pueda vulnerar los derechos prevalentes de este grupo poblacional.

La sentencia impugnada es excesivamente abierta, débil o indeterminada, por lo que no puede servir para dictar una sentencia condenatoria. Por lo expuesto, hemos de estimar el recurso de apelación y debemos revocar el fallo apelado, en el sentido de absolver al apelante del delito de robo con fuerza en las cosas por el que había sido acusado y condenado en este procedimiento.

La condena se confirmó estrictamente sobre la base de las pruebas obrantes en el expediente del caso, al establecerse correctamente los hechos y aplicado debidamente la ley. El artículo periodístico y las grabaciones de vigilancia publicadas no violaron el derecho del actor a un juicio justo ni su presunción de inocencia.