La aplicación automática de la confiscación en casos de urbanización ilícita no se ajusta a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 1 del Protocolo Nº 1, que consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, el cambio de uso de suelo designado y la pérdida de la condición de suelo edificable no fueron planteados en el marco de la sentencia de fondo.

La acción de repetición busca recuperar el dinero pagado por el Estado a las víctimas que han sufrido vulneraciones a sus derechos, protegiendo el patrimonio público; y, por otro, busca prevenir conductas antijurídicas atribuibles a funcionarios del Estado. Una vez que la entidad pública ha procedido a pagar los valores correspondientes a la reparación, es necesario que se inicie un proceso investigativo que concluya con la identificación de los servidores públicos responsables.

No se explicitan las razones por las cuales no se mantendrían las condiciones e idoneidad necesarias que en su oportunidad se tuvieron en vista para llamar al recurrente al servicio, omisión que sin duda afecta el fondo de lo resuelto por la resolución impugnada.

Las manifestaciones anteriores de la denunciante, realizadas ante la Policía, o ante el Juzgado de Instrucción no tienen valor probatorio, pues no han sido ratificadas en el acto del juicio oral, resuelve Tribunal de España.

No se condice con los parámetros de racionalidad y justicia que la Constitución exige al proceso penal, la circunstancia de que el imputado se vea privado de la posibilidad de apelar contra la resolución que determina lo que será, en la práctica, todo el juicio oral, incidiendo en la prueba y, por consiguiente, en el esclarecimiento del hecho punible y las circunstancias que lo rodean.

Cabe la posibilidad que en tales circunstancias se hayan auto inferido lesiones, generándose, dudas razonables que impiden condenar al acusado.

Se trata de información verídica que consta en un registro interno de acceso restringido, lo cual no lesiona la honra del recurrente. Además, de acuerdo al Código Procesal Penal, y las Leyes 19.650, 20.391 y 20.931 no solo debe mantener registros de sus investigaciones y resultados, sino que está obligado a hacerlo, para efectuar análisis a partir de ellos

No se explica en la decisión impugnada cuáles son los datos que surgen de la prueba que permitan descartar, con la certeza requerida para dictar una condena, que el hijo no murió por una hipoxia fetal de base, no provocada por la aspiración de líquido amniótico meconial.

El dueño del móvil, fuente primaria de la información y presunto afectado por el ilícito no concurrió a estrados a mantener su imputación, lo que impidió confrontar su relato con la versión alternativa de los hechos que proporcionó el encartado.

En plena audiencia de juicio, el presidente del Tribunal manifestó que la versión del testigo de descargo era poco creíble y ofició a la Fiscalía para que iniciara una investigación por el delito de falso testimonio, juicio de valor que rompió la imparcialidad del tribunal, afectando la presunción de inocencia del imputado y el debido proceso.