Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, por lo que debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario mediante una sentencia penal firme debidamente motivada.

El requirente estima que no puede controvertir una sanción injusta y desproporcionada, lo que vulnera sus garantías constitucionales.

Existe un efecto negativo en la reputación de una persona inocente al publicar que está siendo investigado.

La equivalencia funcional parte del reconocimiento de que necesidades similares pueden llegar a ser cumplidas mediante instituciones jurídicas distintas, bajo la idea de que dichas instituciones son funcionalmente equivalentes.

No puede entenderse que el uso de la embarcación no sea delito, porque ello conllevaría la impunidad del contrabando.

El ejercicio de la función jurisdiccional sólo se ajusta al modelo constitucional cuando se asienta sobre los principios que definen el derecho a un proceso con todas las garantías.

El requirente alega que establece un castigo que no permite demostrar a través de un debido proceso, si una persona es efectivamente culpable; pues la misma no respeta la garantía de igualdad, el principio de proporcionalidad y la presunción de inocencia.

Los dichos de la autoridad obedecieron a la necesidad de dar cuenta de las gestiones efectivas que estaban realizando las policías, las cuales habían permitido la detención del actor.

Cumplida la doble instancia, la función revisora de la casación en el ámbito de la presunción de inocencia se limita al examen de la racionalidad de la resolución en relación con su motivación, licitud, regularidad y suficiencia de la prueba.

La intención del agente de traficar drogas puede obtenerse mediante pruebas directas, o mediante indicios o factores externos y objetos que “trasluzcan y evidencien el propósito promocional de la droga”.